En la lucha contra el cambio climático la agricultura juega un rol fundamental, un papel reconocido en la aprobación del Pacto Verde de la Unión Europa y en la reforma de la Política Agraria Común (PAC), cuyo horizonte contempla que para el 2030 el 20% de la agricultura europea sea ecológica y que el 50% de las emisiones contaminantes procedentes de la agricultura se eliminen.
En este contexto, el proyecto de investigación Provide, integrado por 14 socios de 13 países diferentes de la UE y en el que ha participado la Universidad de Córdoba, se ha centrado en investigar la provisión de bienes públicos que genera la agricultura y la silvicultura y en dotar a las políticas públicas de un marco adecuado que permita aumentar la producción de estas actividades a cambio de una recompensa. Tal y como explica el investigador responsable del proyecto la UCO, José Antonio Gómez-Limón, “la agricultura captura CO2, evita la erosión y favorece a la biodiversidad a través de prácticas ecológicas, pero, a cambio, no percibe una compensación”.
En este sentido, el objetivo de esta iniciativa ha sido encontrar soluciones transferibles para satisfacer una producción inteligente de bienes públicos. En opinión de Gómez Limón, la necesidad de que todos los agricultores estén proveyendo bienes públicos al conjunto de la sociedad “debe ser compensada por el bienestar que genera”. Por ello, “el proyecto defiende dar ayudas en función de lo que ofrezcan”.
Concretamente, la UCO se ha centrado en el estudio de los olivares andaluces de montaña, en su mayoría ubicados en las partes central, norte y noreste de la región, un sistema agrícola que, a pesar de que favorece la biodiversidad, ayuda a la conservación de los suelos y a mitigar el cambio climático, corre el riesgo de “ser abandonado en los próximos años debido a su baja rentabilidad”, según apunta el investigador. En esta línea, tras la investigación realizada en el marco del proyecto, se ha realizado una propuesta de programa medioambiental para el olivar de montaña, un cultivo tradicional para el que la Junta de Andalucía ha reclamado un tratamiento específico.
El proyecto defiende la necesidad de compensar a la comunidad agricultora por los bienes que proveen, para que, de esta forma, puedan continuar con su actividad. A pesar de que existen ayudas agrarias, explica Gómez-Limón, “en ellas no se tiene en cuenta los beneficios que cada agricultor está aportando al conjunto de la sociedad”. Por eso, la iniciativa apoya la creación de ayudas que ahora, con la nueva PAC, “se materializarán mediante los ecoesquemas y los Programas Agroambientales”.
Los denominados ecoesquemas son paquetes de prácticas agrarias compatibles con el medioambiente y aquellas personas que las suscriban “recibirán una ayuda específica”. “De esta manera, se realizará una compensación particular, por ejemplo, para la agricultura herbácea que realice un laboreo sostenible, ya que esta actividad permite capturar CO2 y evita la erosión”, explica el investigador. Los programas agroambientales, por otro lado, permitirán dar incentivos a la comunidad agricultora que cumpla con ciertos requisitos medioambientales.
El proyecto PROVIDE - “PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry” (H2020-ISIB-2014-633838) ha sido financiado por la Unión Europea a través de la convocatoria H2020-ISIB-2014-2.
"Este reportaje es parte del proyecto “CONSOLIDA-UCO”, ECT2020-000810, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRTR”.